Mediante el Decreto 167/2005, de 12 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (España), se modifica el Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula la autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias. Por su parte, el Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias, viene a establecer los requisitos que deben ser exigidos en el proyecto de construcción, explotación, abandono y clausura de los depósitos.
En lo que se refiere a los de las industrias agrarias, los somete a autorización sin hacer ninguna excepción en función de la actividad industrial agroalimentaria, de la dimensión de su su actividad y/o capacidad de sus depósitos, del riesgo o de la complejidad de la instalación. En este punto cabe tener en cuenta el Real Decreto 2685/1980, de 17 de octubre, que estableció la liberalización y nueva regulación de las industrias agrarias, y el Real Decreto 736/1995, de 5 de mayo, por el que se declaran industrias liberalizadas a diversas industrias agroalimentarias. Estas disposiciones reconocen la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades agrarias y alimentarias.
La aplicación del del citado Decreto 281/2002 ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los depósitos de las almazaras e industrias de aderezo de aceitunas, ni por el volumen de efluentes, ni por la peligrosidad de los mismos, deben estar sometidos al mismo régimen que los de otras actividades industriales con un mayor riesgo ni, por tanto, estar incluidos en las mismas condiciones, en su ámbito de aplicación. Asimismo, en relación con las actividades previstas en su artículo 2, en lo que se refiere a las explotaciones agrarias, se ha constatado que en la mayor parte de los casos, debido a las características de las mismas, obliga a realizar inversiones superiores a su propia capacidad productiva.
Por todo ello, se considera conveniente modificar el citado Decreto limitando su ámbito de aplicación en el sentido antes referido. Además, también se introduce una modificación respecto al artículo relativo a la construcción y explotación de los depósitos, que persigue mejorar la viabilidad del funcionamiento, como es el caso, de empresas con balsas de evaporación. Un ejemplo de ellas, son las industrias de aderezo de aceitunas que inician su campaña a primeros de septiembre, y que deben estar vaciadas tres meses antes, es decir a primeros de junio, y hay que tener en cuenta que en el verano (meses de junio, julio y agosto) es el período de mayor evaporación. En vez de exigir que esté vacío el depósito lo más conveniente es verificar que, al inicio de la campaña de actividad, tenga la capacidad libre suficiente como para acumular los efluentes que se vayan a generar, teniendo en cuenta, la superficie de la lámina de evaporación, la propia evaporación esperada, así como la pluviometría y el resguardo por seguridad ante imprevistos.
En su virtud, en el uso de las facultades conferidas por el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de julio de 2005, se dispone lo siguiente.
Artículo Único. Modificación del Decreto 281/2002, de 12 de noviembre.
Se modifican, en los términos de los apartados siguientes, el artículo 2, el apartado 4 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4, el apartado 4 del artículo 5, el apartado 4 del artículo 6, el apartado 5 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 8, el apartado 3 del artículo 9 y el apartado 2 de la Disposición Transitoria Única del Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias.
1. Los artículos 2, 3 apartado 4, 4 apartado 2, 5 apartado 4 y 7 apartado 5, quedan redactados de la forma siguiente:
Artículo 2: Ámbito de aplicación.
«1. El presente Decreto será de aplicación, en lo no regulado por su normativa específica, a los depósitos de efluentes líquidos o lodos existentes en actividades industriales, incluidas las agroalimentarias y mineras, con las siguientes exclusiones:
a) Las actividades ganaderas, que serán reguladas por su normativa específica.
b) Los depósitos de evaporación de efluentes procedentes de actividades agroalimentarias cuyo vaso se encuentre debidamente impermeabilizado, tengan una diferencia de altura, entre el fondo y la cota superior máxima de la lámina de efluente o lodo de la balsa, menor de 2 metros, y con un resguardo mínimo, entre la superficie de la lámina y la coronación del dique, de 50 centímetros, con capacidad de almacenamiento inferior a 5.000 metros cúbicos y que los efluentes líquidos que almacenen no tengan la consideración de residuos peligrosos, según la lista de residuos peligrosos aprobada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y se encuentren incluidos en el proyecto requerido para la inscripción de la industria en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.
c) Los depósitos intermedios o de tránsito de efluentes o lodos procedentes de actividades agroalimentarias debidamente impermeabilizados, de capacidad menor de 1.000 metros cúbicos, de acumulación previa a su tratamiento y aquellos otros que tienen por objeto facilitar la carga de efluentes o lodos en vehículos, para su transporte al lugar de su tratamiento definitivo, bien sea para su eliminación o valorización, y se encuentren incluidos en el proyecto requerido para la inscripción de la industria en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.
2. Están sujetas a este Decreto las estructuras subterráneas definidas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, a excepción de las que almacenan exclusivamente aguas no residuales.»
Artículo 3. Consideraciones Generales.
«4. El ‘órgano administrativo podrá, a iniciativa propia o a instancia de parte, inspeccionar los depósitos de de forma total o parcial, para verificar su acomodación a lo proyectado. Estas inspecciones podrán ser realizadas por una Entidad de Control autorizada al efecto, en los términos que se establezcan mediante Orden. Los titulares o responsables de los depósitos están obligados a permitir el acceso a las instalaciones y facilitar la inspección de los trabajos o instalaciones a los técnicos del órgano administrativo competente y a los técnicos de la Entidad de Control debidamente autorizados.»
Artículo 4. Clasificación de los depósitos.
«2. En función del riesgo potencial que pudiera derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, los depósitos se catalogarán teniendo en cuenta las dimensiones, las propiedades físico-químicas y geotécnicas, las características de los efluentes o de los lodos o cualquier otro criterio, en los términos que se establezcan.»
Artículo 5. Autorizaciones.
«4.- En los anteriores supuestos, para la autorización, el órgano administrativo competente deber contar con la resolución favorable del procedimiento de Prevención Ambiental, si ha sido preceptiva su aplicación, emitida por el órgano medioambiental competente, en cumplimiento de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, así como con el informe sobre la idoneidad de la clasificación del depósito que debe figurar en el proyecto técnico, de acuerdo con la sistemática y procedimientos que se fijen sobre análisis y evaluación del riesgo ambiental. El órgano administrativo competente incorporará, en su caso, en la autorización del depósito, el condicionado que establezca la resolución del procedimiento de Prevención Ambiental.»
Artículo 7. Construcción y explotación.
«5. Desde la iniciación de la fase de construcción, y hasta la terminación de la fase de clausura, dentro del mes de enero de cada año, el titular del depósito presentará ante el órgano administrativo competente, un informe elaborado por técnico competente, en el que se demuestre el correcto estado de la instalación en cuanto a la estabilidad, erosión, grado de llenado, posibles filtraciones y otros aspectos que pudieran incidir en un posible episodio de fuga o rotura y, en su caso, se incluirá la información suficiente sobre la evolución de su construcción. En dicho informe se garantizará la situación de operatividad de los medios técnicos y humanos previstos. De igual manera, se deberá confirmar que no ha habido modificación en el depósito desde el último informe.
Si del informe elaborado por técnico competente, se desprendiera que hay alguna anomalía o modificación en el depósito, los informes contendrán una valoración del riesgo ambiental, y el órgano administrativo competente podrá exigir cuantas aclaraciones considere necesarias, así como la realización de nuevos estudios y planos complementarios o requerir al titular del depósito para que se incorpore a la documentación citada, un dictamen elaborado por una Entidad de Control autorizada al efecto.
Cuando la actividad en la que integra el depósito esté comprendida en los Anexos I o II de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el órgano administrativo competente remitirá al órgano medioambiental competente, en el plazo de un mes, copia de la documentación citada y, si se ha requerido, del dictamen mencionado, al objeto de que por parte del órgano medioambiental competente emita el correspondiente informe de acuerdo a la Ley citada, así como de la idoneidad de la clasificación del depósito de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de este mismo Decreto.
En el caso de depósitos destinados a la utilización discontinua en campañas anuales, el informe mencionado en el párrafo primero de este mismo apartado 5, se presentará ante el órgano administrativo competente con quince días de antelación del inicio de la nueva campaña, y deberá contener además un estudio en el que se incida sobre el grado de llenado de depósito, teniendo en cuenta la cantidad a aportar en la campaña, el ritmo de llenado, la evaporación de los efluentes, la pluviometría y capacidad libre de seguridad o resguardo por imprevistos. La empresa no podrá iniciar su actividad si no tiene capacidad libre de llenado suficiente en sus depósitos.»
2. La mención que se contiene en el apartado 4 del artículo 6, en el apartado 5 del artículo 7, en el apartado 2 del artículo 8, en el apartado 3 del artículo 9 y en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Única del Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, relativa a «un Organismo de Control Acreditado o por una Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente», se sustituye por «una Entidad de Control autorizada al efecto».
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el dŒa siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, excepto la exclusión de los depósitos de efluentes líquidos o lodos existentes en las actividades ganaderas, establecida en el Artículo Único, apartado 1.a) del presente Decreto, que modifica el artículo 2 del Decreto 281/2002, siéndoles por tanto aplicable este último Decreto hasta tanto se produzca la publicación y entrada en vigor del Decreto que establezca la regulación específica de dichos depósitos.
Firmado en Sevilla, a 12 de de julio de 2005, por Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía, y por Gaspar Zarrías Arévalo, Consejero de la Presidencia.
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 137, de 15/07/2005 (apartado 1 Disposiciones generales, páginas 7 y 8).
Fuente: Circular informativa (2005). Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía (AQAA). Manuel Peña Párraga (presidente). Sede AQAA: Baena (Córdoba, España).
José Luis Ares Cea (asesor científico)
