martes, 7 de mayo de 2013

1-MARCA 'PARQUE NATURAL': NORMATIVA EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

Mediante la Orden de 15 de diciembre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (España) se regula el régimen jurídico y el procedimiento de concesión de licencia de uso de la marca 'Parque Natural de Andalucía'. En este sentido, hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, a tenor del artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.

En virtud de esta competencia, se aprobó la Ley Autonómica 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, en cuyo artículo 18 se dispone que corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la administración y gestión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad, y en su Disposición Adicional Sexta determina que la declaración de un espacio natural protegido conllevará la prohibición de utilizar, salvo autorización de la Consejería de Medio Ambiente, su denominación y, en su caso, su anagrama, por cualquier tipo de personas, públicas o privadas, productos industriales o nombres comerciales, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de los correspondientes registros públicos.

La Ley 2/1989, antes citada, en su Exposición de Motivos, significa que la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la "huella humana" sobre los espacios naturales, permite propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo económico. Continúa dicha Exposición estableciendo que, en general, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma, para lo que se intenta promover actuaciones que fomenten el desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992.

Entre estas actuaciones destaca la posible utilización de la denominación de los Parques Naturales como "sello de calidad" que ofrezca un incentivo a la producción y comercialización de los productos originarios de estos espacios. Con esta perspectiva, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un proyecto piloto «Marca Parque Natural de Andalucía» financiado por la Iniciativa Comunitaria ADAPT al que se adhirieron 16 empresas. En este contexto, la Consejería está llevando a cabo una iniciativa pionera en el territorio español, para que las empresas implantadas en los parques naturales ofrezcan al visitante unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores medioambientales de los parques. En tal sentido, se dictó la Orden de 1 de agosto de 2001, por la que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de concesión de licencia de uso de la Marca de Producto Parque Natural de Andalucía.

En aplicación de esta Orden, los servicios y productos que obtengan la licencia llevarán una etiqueta exclusiva reconocible por los consumidores en su imagen, de sus valores naturales, artesanales y auténticos. En el período transcurrido desde la entrada en vigor de la referida Orden se han observado algunos problemas que la aplicación práctica de la Orden ha suscitado. En diversos foros han surgido consultas acerca del alcance de determinados requisitos que precisan los productos para la obtención de la licencia.

Ello demanda, en aras de la unificación de criterios y la solución de las dificultades a veces planteadas en la aplicación de la norma, una nueva Orden acorde con la realidad vigente. En virtud de ello, en base a las competencias otorgadas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, dispongo su aprobación (BOJA 19, 28/01/2005).

Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), nº 19, de 28/1/2005.



José Luis Ares Cea (conferenciante)

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, fomenta el aprovechamiento de los subproductos de origen agroalimentario mediante el compostaje y su utilización como abono y fertilizante orgánico. En unas jornadas técnicas celebradas en Sevilla (España) el día 20 de octubre de 2009, y que fueron presentadas por la secretaria general del Medio Rural de esta consejería, se expusieron las ventajas de este tipo de aprovechamiento, que además puede constituir una alternativa de negocio complementaria para la agroindustria andaluza.

El compostaje es una técnica basada en un proceso biológico controlado que transforma los residuos orgánicos en 'humus' (compost), alcanzándose unas temperaturas elevadas que eliminan los riesgos de microorganismos patógenos y semillas de malas hierbas, consiguiendo así un producto estable e higienizado, aplicable como abono o sustrato en las producciones agrarias.

En este sentido, hay que destacar que algunos subproductos de los procesos productivos de las industrias agroalimentarias pueden tener un interés adicional porque pueden convertirse en fertilizantes orgánicos para su utilización tanto en la agricultura convencional como en la ecológica.

Asimismo, este aprovechamiento puede representar una nueva estrategia económica para aquellas industrias agroalimentarias innovadoras que apuesten por estas nuevas tecnologías, añadiendo más valor a sus actuales producciones convencionales y generando ingresos y beneficios complementarios, además de contribuir al desarrollo sostenible del modelo productivo agroalimentario.

Andalucía es la principal región española en producción agraria ecológica, por lo que se requiere disponer de suficientes medios de producción e insumos específicos para sostener este pujante sistema productivo. En este encuentro se han dado cita unas 150 personas, entre representantes de cooperativas agrarias, industrias agroalimentarias, técnicos de la Administración y de organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), que trabajan en esta materia.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca ha venido promoviendo en los últimos años, mediante una línea de ayudas, el compostaje de uno de estos subproductos, el 'alperujo' obtenido en la industria almazarera durante el proceso de elaboración del aceite de oliva. A partir de 2009 esta línea de ayudas se ha hecho extensiva a cualquier otro subproducto de las empresas agroalimentarias andaluzas. Con esta actuación se pretende favorecer una mayor disponibilidad de insumos específicos para las producciones ecológicas y la mejora del proceso productivo en las almazaras y demás agroindustrias agroalimentarias, aumentándose el valor añadido de los productos agrarios con la incorporación de una nueva actividad comercial, derivada de la venta del compost.


José Luis Ares Cea (conferenciante)

GESTIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

En cuanto al manejo de los residuos, el proyecto de ley sobre la gestión integrada de la calidad ambiental aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (España) establece entre sus objetivos prioritarios reducir su producción en origen, y fomentar la reutilización y reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en 'tecnologías limpias' y se actualiza el sistema de vigilancia e inspección, configurando un régimen sancionador dirigido a lograr que se respete el principio de “quién contamina paga", y se haga efectiva la restauración de los daños ambientales que se produzcan.

Una novedad destacada en este capítulo es la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean susceptibles de una valorización previa, es decir, de aprovechamiento económico o reutilización. Asimismo, la futura ley obligará a los polígonos industriales a contar con centros de recogida de residuos no peligrosos, mientras que facultará a las entidades locales para denegar autorizaciones en los casos en que los promotores no garanticen el destino de los residuos de la construcción.

Finalmente, el proyecto de ley fija un régimen de garantías frente a daños ambientales en virtud del cual la Administración autonómica podrá exigir un seguro de responsabilidad civil a aquellas actividades industriales sujetas a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), o relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas.




José Luis Ares Cea (conferenciante)

DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

El proyecto de ley sobre la  gestión integrada de la calidad ambiental aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (España)  recopila premisas básicas de la "Estrategia de Desarrollo Sostenible" de la Unión Europea, entre ellas, la fijación de nuevas líneas de incentivos, el fomento de acuerdos y controles voluntarios por parte de empresas para alcanzar niveles de calidad por encima de las exigencias legales, apostando por un tejido productivo menos contaminante del medio ambiente.

Entre las principales novedades de esta nueva norma está la creación de un "Distintivo de calidad" destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, se comprometan también a aplicar procesos adicionales de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. Con este sello de calidad, que también servirá de referencia a los consumidores, se pretende respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental.

Por su parte, los incentivos públicos estarán especialmente orientados a hacer posible la mayor exigencia de calidad ambiental que en la práctica supondrá la Autorización Ambiental Integrada (AAI), facilitando que las empresas apliquen técnicas de control y mínimo impacto sin afectar a la producción.

Igualmente novedosa es la regulación por primera vez en Andalucía de la contaminación lumínica, con una serie de normas que se sientan las bases para una zonificación del territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. Actualmente, tan sólo Cataluña y Canarias disponen de una legislación de ámbito autonómico que aborda este tipo de impacto sobre el medio ambiente.

En relación con el ruido, el proyecto de ley también recoge una nueva zonificación en la que se incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y que servirá de marco legal para la realización de mapas de ruido y planes contra la contaminación acústica. En este sentido, se faculta a los municipios para establecer restricciones del uso de zonas públicas en aquellos casos en que el ruido pudiera afectar al descanso de los ciudadanos.



José Luis Ares Cea (conferenciante)

GESTIÓN CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA (ESPAÑA): PROYECTO DE LEY

La Junta de Andalucía (España) apuesta por la gestión integrada de la calidad ambiental, mediante la aprobación de un proyecto de ley en sesión del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2006. Esta nueva norma reforzará las exigencias en la prevención de la contaminación, y reducirá los trámites administrativos y requisitos necesarios al integrar en un único documento todas las autorizaciones para la protección medioambiental dentro de la Comunidad Autónoma. Se ha realizado una amplia compilación, revisada y actualizada, de toda la legislación autonómica existente en materia ambiental, lo que supone simplificar y agilizar bastante todos los procedimientos administrativos.

La futura ley también aumentará el nivel de exigencia en los procesos de prevención y control y favorecerá la implicación ambiental del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios. Además, por primera vez se regulará la contaminación lumínica en Andalucía y, de acuerdo con las directivas europeas, se actualizarán los objetivos de calidad ambiental relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido.

Respecto a la agilización de procedimientos, el texto incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) prevista en la directiva europea de prevención de la contaminación, que integra en un solo trámite las diversas autorizaciones sectoriales para el control ambiental de los centros productivos en materias como las emisiones a la atmósfera, los vertidos, los residuos, las vías pecuarias o la evaluación de impacto ambiental. Este permiso se concede fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los establecidos en la legislación, ya que dependen de la mejor tecnología disponible en cada caso. En este sentido, Andalucía ha sido, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma en aplicar la AAI, que actualmente afecta a más de 650 empresas, debiendo extenderse a todas las industrias antes de octubre de 2007.

Junto a este permiso integrado, el proyecto normativo crea también la denominada Autorización Ambiental Unificada para actividades o proyectos de menor entidad, lo que conllevará una reducción de seis meses respecto a los plazos de tramitación actuales y una mayor seguridad jurídica para los interesados. En relación con la prevención y control ambiental, la futura ley incrementará los niveles de exigencia al obligar a someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe ambiental (este trámite, menos restrictivo, queda eliminado). Junto con ello, se mantiene la modalidad de calificación ambiental como competencia municipal para los proyectos y actividades de menor entidad.


José Luis Ares Cea (conferenciante)

DEFENSA DE LA DEHESA EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

La Junta de Andalucía (España) promueve un pacto social para garantizar la supervivencia de las dehesas andaluzas, instando a las Administraciones central y europea para que apoyen este modelo de desarrollo sostenible en sus políticas agrarias y medioambientales. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado, en su sesión de 18 de octubre de 2005, un Acuerdo por el que se promueve el "Pacto Andaluz por la Dehesa", con el objetivo implicar a la sociedad y a las administraciones en la defensa de este ecosistema único en Europa para la explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, y que en Andalucía ocupa cerca de un millón de hectáreas.

El texto del Pacto estará consensuado con un amplio listado de instituciones y organizaciones sociales, empresariales, agrarias y ecologistas de la comunidad autónoma, que han mostrado su interés por adherirse a este acuerdo. Asimismo, se invita al Gobierno central y a las administraciones de otras comunidades autónomas y países con presencia de este ecosistema, como ocurre con Portugal, para que promuevan acuerdos semejantes que puedan desembocar en un Pacto por la dehesa de la Península Ibérica. También se propone a la Unión Europea el reconocimiento de la dehesa como un modelo de desarrollo sostenible a apoyar en el marco de las políticas comunitarias.

La propuesta, que a su vez da cumplimiento a una proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Andalucía (abril 2005), hace especial referencia a la necesidad de regenerar la cobertura vegetal de las dehesas y mejorar la rentabilidad económica de sus producciones, ante las amenazas que actualmente suponen factores como el cambio climático y el deterioro y progresivo envejecimiento del arbolado. En esta propuesta del Pacto Andaluz por la Dehesa, se resaltan los valores tanto ecológicos como socioeconómicos de este sistema de producción, al que considera "paradigmático" del desarrollo sostenible hacia el que debe avanzar la economía andaluza. La rica diversidad biológica, el carácter de refugio para muchas de las especies amenazadas, el papel que desempeñan en territorios en los que apenas hay otras alternativas económicas, la producción de alimentos de gran valor añadido o el gran potencial para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas y el turismo rural, constituyen algunos de los rasgos más destacados.

Las dehesas andaluzas ocupan aproximadamente una décima parte del territorio regional, con una especial presencia en Sierra Morena y las serranías gaditanas. En la Península Ibérica, Andalucía comparte este modo de explotación de los recursos con Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y la región portuguesa del Alentejo, principalmente. Su origen se encuentra en el 'aclaramiento' y 'limpieza' de los bosques originarios de encinas y alcornoques para integrar múltiples aprovechamientos asociados (cultivos, ganadería, pastos, caza, leña, corcho, etc.), evitando alterar el equilibrio ecológico del territorio.

Desde el punto de vista medioambiental, la dehesa tiene actualmente asegurada en Andalucía un alto nivel de protección a través de las leyes autonómicas en distintas materias: forestal, lucha contra incendios, y espacios naturales protegidos. Asimismo, la comunidad autónoma cuenta con la Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena (declarada por la Unesco en 2002), que con una superficie de 424.000 hectáreas es el mayor espacio protegido de este tipo en España y uno de los mayores del planeta.

En cuanto al fomento de las producciones de la dehesa, la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) gestiona diversas líneas de apoyo incluidas en el marco de las medidas agroambientales, a las que se añaden las relativas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), y a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo diversos programas dirigidos a mejorar la situación fitosanitaria del arbolado y la producción corchera andaluza, así como para salvar árboles en dehesas afectadas por obras de infraestructuras. En la actualidad, ambos departamentos forman parte de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, hay que destacar que ambos departamentos trabajan conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con diversas comunidades autónomas españolas con el fin de diseñar una posible línea de ayuda específica para las dehesas, que podría financiarse, a partir de 2007, con cargo al nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



José Luis Ares Cea (conferenciante)

GEODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA: GESTIÓN INTEGRADA

La Junta de Andalucía (España) aprueba medidas para proteger el patrimonio geológico del territorio de esta Comunidad Autónoma. En este sentido, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado, en su sesión de 5 de octubre de 2010, la "Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad", que establece las medidas para proteger y aprovechar las posibilidades económicas, turísticas, educativas, culturales y científicas del patrimonio geológico regional. Este patrimonio, de gran proyección internacional, que tiene rocas de todos los periodos, está integrado actualmente por 588 enclaves inscritos en el Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG).

El documento aprobado, con una vigencia de ocho años, contiene 97 acciones para reforzar la protección y aprovechamiento del patrimonio geológico regional, dirigidas a garantizar la conservación de los enclaves, propiciar su utilización sostenible, crear un modelo de gestión integrada; impulsar la participación institucional de Andalucía en programas internacionales como ‘Geosites' o ‘Geoparque', y desarrollar proyectos de educación ambiental y difusión de los valores de la geodiversidad andaluza. Este documento ha contado con las aportaciones de distintas administraciones, grupos de desarrollo rural, agencias locales de desarrollo, organizaciones sociales, museos, universidades, centros de investigación, instituciones científico-técnicas, empresas y promotores turísticos.

Entre las acciones previstas, destacan la firma de convenios de colaboración con propietarios particulares, la creación de una red de centros de interpretación y puntos de información, la elaboración de soporte legal específico para el IAG con definición de usos y actividades permitidas (particularmente las espeleológicas), la creación de un banco autonómico de datos, y la elaboración de un catálogo andaluz de productos artesanales locales relacionados con la geodiversidad. La Estrategia también desarrollará otro conjunto de medidas orientadas a la inclusión de los criterios de protección y aprovechamiento del patrimonio geológico en los distintos planes territoriales, urbanísticos, turísticos y medioambientales, así como en los proyectos de desarrollo rural financiados con fondos europeos y estatales.

De los 588 puntos de interés geológico catalogados por el IAG en la comunidad autónoma, 115 se localizan en la provincia de Almería, 97 en Granada y 94 en Jaén, seguidas por Málaga con 69, Cádiz con 62, Córdoba con 61, Huelva con 56, y Sevilla con 34. Dentro de este patrimonio, destacan enclaves como la Cueva del Agua en Sorbas y la Isla de Terreros, en la provincia de Almería; el Acantilado de Barbate y la Falla del Salto del Cabrero de Benaocaz (Cádiz); el Meandro del Guadalquivir en Montoro y la Cueva de los Murciélagos en Zuheros (Córdoba); el Karst de Sierra Gorda y el Arrecife Mioceno de Jayena (Granada); la Gruta de las Maravillas y la Flecha de El Rompido (Huelva); las Termas de Jabalcruz y las Calizas del Jurásico Medio del Río Quiebrajano (Jaén); la Cueva de Nerja y el Desfiladero de los Gaitanes (Málaga), y el Cerro del Hierro y los Travertinos del Huesna, en la provincia de Sevilla.

Muchos de los lugares inventariados se incluyen en espacios naturales protegidos que fueron declarados atendiendo fundamentalmente a sus valores geológicos. Estos son los casos, entre otros, del Karst en Yesos de Sorbas y el Desierto de Tabernas (Almería), el Torcal de Antequera (Málaga) y Despeñaperros (Jaén). Más allá de reforzar su conservación, ya garantizada por la legislación autonómica, la Estrategia Andaluza de Geodiversidad plantea aprovechar al máximo las posibilidades de este patrimonio para la utilización en iniciativas socioeconómicas de desarrollo rural sostenible, especialmente en el ámbito del turismo y en la línea de los proyectos que ya funcionan en zonas como la Cuenca Minera de Riotinto o en las principales grutas y cavidades de la comunidad.


José Luis Ares Cea (conferenciante)