La Investigación y el Desarrollo (I+D) son instrumentos que se han mostrado eficaces en el crecimiento económico de los países más avanzados. De hecho en 2013, Estados Unidos aumenta un 5% los fondos federales destinados a la I+D civil, Alemania casi el 6% y Francia aproximadamente un 2%, por citar solo algunos países; mientras que en España ocurre lo contrario, se recorta dicho presupuesto.
Esta situación supone un serio retroceso a la positiva evolución que ha tenido la I+D en España durante las dos últimas décadas. Si se analizan las cifras correspondientes al período comprendido entre 1994 y 2006, se constata que la I+D de las empresas españolas tuvo un crecimiento de un 430%, en moneda corriente, con incrementos anuales superiores al 20%. Asimismo, creció el número total de investigadores un 240% y, de ellos, los empresariales en un 360%; también crecieron las patentes, las publicaciones científicas y las exportaciones de bienes de equipo, por encima del 260%. Existen en España unas 12.000 empresas con actividades consolidadas de I+D: y más de un millar de grupos de investigación en el sector público, lo que demuestra un potencial nada desdeñable a la hora de generar conocimiento científico y de intervenir en los procesos de innovación. Aunque estas cifras pueden parecer modestas respecto a los sistemas de I+D de los países más avanzados, sin embargo, si se retrocediese por falta de políticas de apoyo a este sistema, no cabe duda de que se pondría en peligro la propia competitividad futura de la economía española (Mulet, 2013).
Muchos expertos recomiendan reforzar las políticas de apoyo al sistema de I+D, como posible salida de la crisis económica, aprovechando tanto la financiación pública como la privada, como ocurre en Estados Unidos, entre otros países. En el caso concreto de España, para Mulet (2013), el fomento de la I+D+i en estos momentos, debería basarse más que en la concesión de subvenciones directas, en otros instrumentos como la fiscalidad y la compra pública de tecnología innovadora. Mediante la fiscalidad se aumentaría el nivel de innovación por parte de las empresas, las que decidirían dónde, cómo y cuándo hacerlo. Con la compra pública de tecnología innovadora se conseguiría no solo fomentar la innovación , sino también obtener una mejora en los servicios públicos en beneficio del conjunto de la población española. Ambos instrumentos permitirían preservar de la crisis el núcleo del pequeño sistema de innovación creado en la época de bonanza económica.
Esta situación supone un serio retroceso a la positiva evolución que ha tenido la I+D en España durante las dos últimas décadas. Si se analizan las cifras correspondientes al período comprendido entre 1994 y 2006, se constata que la I+D de las empresas españolas tuvo un crecimiento de un 430%, en moneda corriente, con incrementos anuales superiores al 20%. Asimismo, creció el número total de investigadores un 240% y, de ellos, los empresariales en un 360%; también crecieron las patentes, las publicaciones científicas y las exportaciones de bienes de equipo, por encima del 260%. Existen en España unas 12.000 empresas con actividades consolidadas de I+D: y más de un millar de grupos de investigación en el sector público, lo que demuestra un potencial nada desdeñable a la hora de generar conocimiento científico y de intervenir en los procesos de innovación. Aunque estas cifras pueden parecer modestas respecto a los sistemas de I+D de los países más avanzados, sin embargo, si se retrocediese por falta de políticas de apoyo a este sistema, no cabe duda de que se pondría en peligro la propia competitividad futura de la economía española (Mulet, 2013).
Muchos expertos recomiendan reforzar las políticas de apoyo al sistema de I+D, como posible salida de la crisis económica, aprovechando tanto la financiación pública como la privada, como ocurre en Estados Unidos, entre otros países. En el caso concreto de España, para Mulet (2013), el fomento de la I+D+i en estos momentos, debería basarse más que en la concesión de subvenciones directas, en otros instrumentos como la fiscalidad y la compra pública de tecnología innovadora. Mediante la fiscalidad se aumentaría el nivel de innovación por parte de las empresas, las que decidirían dónde, cómo y cuándo hacerlo. Con la compra pública de tecnología innovadora se conseguiría no solo fomentar la innovación , sino también obtener una mejora en los servicios públicos en beneficio del conjunto de la población española. Ambos instrumentos permitirían preservar de la crisis el núcleo del pequeño sistema de innovación creado en la época de bonanza económica.
José Luis Ares Cea (divulgador científico)
