En el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para Andalucía (España) se establecieron los contenidos de acuerdo con lo estipulado en el VII Acuerdo de Concertación Social para la región.
En lo que se refiere al título del anteproyecto que trata de la mejora del entorno económico e institucional, el citado VII Acuerdo (ACSA) ya contempla varios compromisos relativos a la misma, en los siguientes aspectos:
– La modernización de la Administración Pública: Las Administraciones Públicas en Andalucía deben garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad, así como el acceso universal de la población andaluza a estos servicios, creando un vínculo entre la Administración, los empleados públicos y la ciudadanía en general. Los ciudadanos han hecho suyo el discurso de la calidad y de la atención al cliente, propio del sector privado, y esperan del sector público un comportamiento similar en este sentido, lo que obliga a la Administración a plantearse estrategias de mejora continua.
– Los servicios públicos digitales: La consecución de una Administración transparente, eficiente y centrada en atender al ciudadano, necesita del uso eficaz de herramientas TIC, que favorezcan la configuración de nuevos modelos de gestión pública y estructuras organizativas. Ello implica el desarrollo de nuevos servicios y contenidos, incluyendo la extensión de los servicios públicos digitales en Andalucía para acercar la Administración a la ciudadanía y promover su participación a través del incremento constante de nuevas ofertas.
– Los nuevos mecanismos de incentivo y apoyo financiero, dirigidos a establecer un conjunto de instrumentos financieros, adaptados a cada tipología de empresa, con el objetivo de garantizar el acceso del sector empresarial andaluz a los recursos financieros requeridos para el desenvolvimiento de su actividad. Con este fin se amplían los instrumentos financieros de soporte a la actividad empresarial, de manera que pierden peso los incentivos directos tradicionales a fondo perdido y se integran nuevas fórmulas de incentivos financieros accesibles a las empresas andaluzas, (préstamos reembolsables, avales para operaciones de titulización de créditos para PYMEs, participación en capital, nuevos productos financieros de apoyo a los emprendedores, etc.), al tiempo que se fortalecen otros instrumentos puestos en marcha en anteriores acuerdos (convenios de colaboración con entidades financieras, capital riesgo, capital semilla, sociedades de garantía recíproca).
– El desarrollo e impulso en Andalucía de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, nueva figura contractual introducida en la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público.
Por lo que se refiere al segundo título del anteproyecto, que trata sobre la mejora de la competitividad de nuestra economía, es el que aparece recogido de una forma más extensa en el VII Acuerdo, de forma que a esta mejora se dedican ejes completos del mismo, como los referentes a “Empleo y capital humano”, a “Desarrollo empresarial y emprendedores”, a “Sociedad de la Información y del Conocimiento”, a “Cohesión Económica y Sectores Productivos”.
– Todos los compromisos incluidos en estos ejes tienen el objetivo de mantener y continuar la senda de cambios estructurales que han sido alcanzados en las últimas décadas en el modelo productivo andaluz, con objeto de evitar que la coyuntura de crisis pueda suponer algún retroceso en los mismos. Este objetivo implica la necesidad de seguir avanzando en los grandes ejes contenidos en acuerdos anteriores, en el contexto de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, consensuada entre las partes firmantes en 2007 y que contiene los planteamientos básicos para profundizar en las reformas estructurales del modelo productivo que son especialmente necesarias en la actual situación de crisis.
Y en lo que concierne al tercer título del anteproyecto, que trata sobre la sostenibilidad medioambiental, la misma se encuentra recogida en el eje dedicado a “Cohesión Territorial”, dentro del cual se incluyen compromisos relativos a:
– La ordenación del territorio, la cual, además de un mandato estatutario, es una pieza clave para el desarrollo sostenible y para la mejora de la cohesión territorial y de la competitividad de Andalucía.
– Las infraestructuras y el transporte, donde se recogen varios compromisos que dan respuesta a los nuevos retos relacionados con el intenso crecimiento de la demanda de transporte y movilidad y la necesidad de seguir dando respuestas materiales a la sociedad y al sistema productivo.
– Las infraestructuras productivas, por cuanto la dotación de espacios productivos de calidad por todo el territorio andaluz constituye un factor de especial importancia a la hora de diseñar una política de cohesión territorial, pues determina en gran medida las posibilidades de crecimiento y diversificación económica de numerosas zonas.
– El ahorro y la eficiencia energética, en un contexto en el cual la energía no sólo es un input de gran importancia para la competitividad de las empresas y especialmente para las industrias, que necesitan un suministro energético de calidad y a precios competitivos, sino que también es básico concienciar e involucrar a toda la sociedad en principios en los que prime la eficiencia energética y el consumo responsable.
– El mercado de la vivienda, con objeto de garantizar y seguir desarrollando el acceso a la vivienda de los ciudadanos con residencia en Andalucía -ya sea en régimen de propiedad o de alquiler-, la rehabilitación del parque residencial existente y el establecimiento de medidas para fomentar la disponibilidad de suelo urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.
– La política medioambiental y de aguas, donde se abordan de manera integral las diferentes iniciativas legislativas y planes en materia de medio ambiente y agua que inciden sobre el tejido productivo y el empleo, basadas en los conceptos de sostenibilidad, garantía y responsabilidad. Entre estas iniciativas se encuentran las referentes al cambio climático, la sostenibilidad urbana, a la biodiversidad y geodiversidad, los espacios naturales protegidos, o la gestión integrada de la calidad ambiental.
En términos cuantitativos, de los 351 compromisos incluidos en el VII ACSA, un total de 134 abordan materias que son reguladas en el Anteproyecto de Ley, repartidos de la siguiente forma:
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la mejora del entorno económico e institucional: 39.
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la mejora de la competitividad: 75.
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la sostenibilidad medioambiental: 20.
En lo que se refiere al título del anteproyecto que trata de la mejora del entorno económico e institucional, el citado VII Acuerdo (ACSA) ya contempla varios compromisos relativos a la misma, en los siguientes aspectos:
– La modernización de la Administración Pública: Las Administraciones Públicas en Andalucía deben garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad, así como el acceso universal de la población andaluza a estos servicios, creando un vínculo entre la Administración, los empleados públicos y la ciudadanía en general. Los ciudadanos han hecho suyo el discurso de la calidad y de la atención al cliente, propio del sector privado, y esperan del sector público un comportamiento similar en este sentido, lo que obliga a la Administración a plantearse estrategias de mejora continua.
– Los servicios públicos digitales: La consecución de una Administración transparente, eficiente y centrada en atender al ciudadano, necesita del uso eficaz de herramientas TIC, que favorezcan la configuración de nuevos modelos de gestión pública y estructuras organizativas. Ello implica el desarrollo de nuevos servicios y contenidos, incluyendo la extensión de los servicios públicos digitales en Andalucía para acercar la Administración a la ciudadanía y promover su participación a través del incremento constante de nuevas ofertas.
– Los nuevos mecanismos de incentivo y apoyo financiero, dirigidos a establecer un conjunto de instrumentos financieros, adaptados a cada tipología de empresa, con el objetivo de garantizar el acceso del sector empresarial andaluz a los recursos financieros requeridos para el desenvolvimiento de su actividad. Con este fin se amplían los instrumentos financieros de soporte a la actividad empresarial, de manera que pierden peso los incentivos directos tradicionales a fondo perdido y se integran nuevas fórmulas de incentivos financieros accesibles a las empresas andaluzas, (préstamos reembolsables, avales para operaciones de titulización de créditos para PYMEs, participación en capital, nuevos productos financieros de apoyo a los emprendedores, etc.), al tiempo que se fortalecen otros instrumentos puestos en marcha en anteriores acuerdos (convenios de colaboración con entidades financieras, capital riesgo, capital semilla, sociedades de garantía recíproca).
– El desarrollo e impulso en Andalucía de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, nueva figura contractual introducida en la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público.
Por lo que se refiere al segundo título del anteproyecto, que trata sobre la mejora de la competitividad de nuestra economía, es el que aparece recogido de una forma más extensa en el VII Acuerdo, de forma que a esta mejora se dedican ejes completos del mismo, como los referentes a “Empleo y capital humano”, a “Desarrollo empresarial y emprendedores”, a “Sociedad de la Información y del Conocimiento”, a “Cohesión Económica y Sectores Productivos”.
– Todos los compromisos incluidos en estos ejes tienen el objetivo de mantener y continuar la senda de cambios estructurales que han sido alcanzados en las últimas décadas en el modelo productivo andaluz, con objeto de evitar que la coyuntura de crisis pueda suponer algún retroceso en los mismos. Este objetivo implica la necesidad de seguir avanzando en los grandes ejes contenidos en acuerdos anteriores, en el contexto de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, consensuada entre las partes firmantes en 2007 y que contiene los planteamientos básicos para profundizar en las reformas estructurales del modelo productivo que son especialmente necesarias en la actual situación de crisis.
Y en lo que concierne al tercer título del anteproyecto, que trata sobre la sostenibilidad medioambiental, la misma se encuentra recogida en el eje dedicado a “Cohesión Territorial”, dentro del cual se incluyen compromisos relativos a:
– La ordenación del territorio, la cual, además de un mandato estatutario, es una pieza clave para el desarrollo sostenible y para la mejora de la cohesión territorial y de la competitividad de Andalucía.
– Las infraestructuras y el transporte, donde se recogen varios compromisos que dan respuesta a los nuevos retos relacionados con el intenso crecimiento de la demanda de transporte y movilidad y la necesidad de seguir dando respuestas materiales a la sociedad y al sistema productivo.
– Las infraestructuras productivas, por cuanto la dotación de espacios productivos de calidad por todo el territorio andaluz constituye un factor de especial importancia a la hora de diseñar una política de cohesión territorial, pues determina en gran medida las posibilidades de crecimiento y diversificación económica de numerosas zonas.
– El ahorro y la eficiencia energética, en un contexto en el cual la energía no sólo es un input de gran importancia para la competitividad de las empresas y especialmente para las industrias, que necesitan un suministro energético de calidad y a precios competitivos, sino que también es básico concienciar e involucrar a toda la sociedad en principios en los que prime la eficiencia energética y el consumo responsable.
– El mercado de la vivienda, con objeto de garantizar y seguir desarrollando el acceso a la vivienda de los ciudadanos con residencia en Andalucía -ya sea en régimen de propiedad o de alquiler-, la rehabilitación del parque residencial existente y el establecimiento de medidas para fomentar la disponibilidad de suelo urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.
– La política medioambiental y de aguas, donde se abordan de manera integral las diferentes iniciativas legislativas y planes en materia de medio ambiente y agua que inciden sobre el tejido productivo y el empleo, basadas en los conceptos de sostenibilidad, garantía y responsabilidad. Entre estas iniciativas se encuentran las referentes al cambio climático, la sostenibilidad urbana, a la biodiversidad y geodiversidad, los espacios naturales protegidos, o la gestión integrada de la calidad ambiental.
En términos cuantitativos, de los 351 compromisos incluidos en el VII ACSA, un total de 134 abordan materias que son reguladas en el Anteproyecto de Ley, repartidos de la siguiente forma:
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la mejora del entorno económico e institucional: 39.
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la mejora de la competitividad: 75.
– Compromisos del VII ACSA relacionados con la sostenibilidad medioambiental: 20.
Autoría: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (2010). Sevilla (España).
José Luis Ares Cea (docente)
