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jueves, 7 de noviembre de 2013

1-CONDICIONALIDAD EN POLÍTICA AGRARIA DE LA UNIÓN EUROPEA: MARCO LEGAL DE PAGO DE AYUDAS PÚBLICAS

Mediante la Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (España), se adoptan los porcentajes de reducción y exclusiones de los pagos en el Marco de la Política Agrícola Común por incumplimientos de requisitos y normas en materia de condicionalidad. El Reglamento (CE ) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, introduce la obligación de los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos, de cumplir con los requisitos legales de gestión citados en su Anexo II, y con las buenas condiciones agrarias y medio ambientales enunciadas en su Anexo III, obligando a los Estados miembros a definir los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Por su parte, el Reglamento (CE ) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en su artículo 50, establece la obligatoriedad de cumplir la condicionalidad por parte de los beneficiarios de las ayudas previstas en el artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i, iv) y v) del citado reglamento.

El Reglamento (CE ) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE ) nº 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, establece que serán los Estados miembros los que deberán establecer los sistemas concretos para controlar su cumplimiento.

El Reglamento (UE ) nº 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE ) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural. El incumplimiento de estas condiciones y requisitos supondrá para el beneficiario de los pagos directos, así como para los beneficiarios de las ayudas previstas en el artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv) y v) del Reglamento (CE ) nº 1698/2005, una disminución, e incluso exclusión de éstos.

El sistema de reducciones y exclusiones de las ayudas directas a través de la condicionalidad tiene como objetivo constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa existente en sus diferentes ámbitos, contribuyendo de este modo a que el sector agrario cumpla con los principios del desarrollo sostenible.

El 3 de abril de 2009, se dicta el Real Decreto 486/2009, que tiene por objeto establecer las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberá cumplir el agricultor con arreglo a la condicionalidad de las ayudas directas de la política agrícola común, de conformidad con el Reglamento (CE ) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, y, asimismo, establecer un sistema para la aplicación de los controles y las reducciones en los pagos, o su exclusión, de conformidad con el Reglamento (CE ) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, con un mínimo nivel de exigencia para todo el territorio nacional, pero con la suficiente flexibilidad para permitir su adaptación a las condiciones y características de las distintas Comunidades Autónomas, designándose en su artículo 6 al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como la autoridad nacional encargada del sistema de coordinación de los controles de la condicionalidad, en el sentido del artículo 20.3 del Reglamento (CE ) nº 73/2009 y a los organismos pagadores de las comunidades autónomas como las autoridades para el cálculo de la ayuda, las reducciones y exclusiones y el pago de las ayudas.

De otro lado el FEGA en su calidad de Organismo de Coordinación de los controles de condicionalidad, establece una serie de criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones previstas en los artículos 70, 71 y 72 del Reglamento (CE ) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, y en el artículo 21 del Reglamento (UE ) nº 65/2011, a través de la Circular 14/2013, de 3 de abril de 2013. La Consejería de Agricultura y Pesca, actual Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, mediante su Orden de 22 de junio de 2009, por la que se establece los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores y ganaderos que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común, la cual desarrolla los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común, en su artículo 7 establece que es la Dirección General de Fondos Agrarios, la competente para el cálculo de las reducciones y/o exclusiones por incumplimiento de los requisitos de la condicionalidad en Andalucía.

El Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas atribuye a la Dirección General de Fondos Agrarios la competencia para el cálculo y pago de las ayudas, así como determinar el nivel de reducción del importe total de gastos en función del informe de control y de acuerdo con los criterios establecidos por el FEGA.

Los informes de control emitidos por el organismo especializado de control que en la Comunidad Autónoma Andaluza es la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera deben evaluar, en su caso, número de incumplimientos y/o alcance, persistencia, repetición y gravedad, así como, si se deben a negligencia o intencionalidad del productor. El Organismo Pagador de la Junta de Andalucía debe aplicar los porcentajes de reducción en función de la evaluación presentada por el organismo especializado de control competente en el informe de control correspondiente. Dichos porcentajes serán de aplicación a todos los agricultores que reciban pagos directos en virtud de alguno de los regímenes de ayuda enumerados en el Anexo I del Reglamento (CE ) nº 73/2009, así como a los beneficiarios que presenten solicitudes de pago en virtud del artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv), y v) del Reglamento (CE ) nº 1698/2005.

Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 217, de 5/11/2013 (apartado 3 Otras disposiciones, páginas 54-64).


Fuente: Circular informativa (2013). Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía (AQAA). María Jesús Jiménez Horwitz (presidenta). Sede AQAA: Jayena (Granada, España).
José Luis Ares Cea (asesor científico)

martes, 7 de mayo de 2013

2-ACTIVIDAD ECOLÓGICA: MARCO LEGAL

El Programa Operativo Integrado de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2000-2006 establecía entre sus principales objetivos, destinados a la agricultura y desarrollo rural, los siguientes: mejorar y racionalizar los procedimientos de manipulación y transformación de los productos agrarios y alimentarios y los canales de comercialización, mejorar la presentación de los productos y el uso o eliminación de los subproductos o residuos generados, aplicación de nuevas tecnologías, mejorar el control de calidad, las condiciones sanitarias y la adaptación ambiental, así como el apoyo a la integración de la agroindustria mediante servicios comunes de cooperación.

El Decreto 166/2003 de 17 de junio, relativo a la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía, establece que los productos andaluces susceptibles de utilizar indicaciones referentes al método de producción ecológica, ya sea en su etiquetado, publicidad o en los documentos comerciales, deberán cumplir los requisitos definidos en el Reglamento (CEE) 2092/1991 y en el Real Decreto 1852/1993 así como en el propio Decreto. De igual modo, corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca, en las materias de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aplicación del Reglamento 2092/1991, la vigilancia de su cumplimiento, y la defensa de las producciones e indicaciones protegidas.

Por otra parte, la aprobación del Real Decreto 506/2001 de 11 de mayo, liberalizando en España el uso de los términos “biológico”, “orgánico” y el vocablo “bio”, suscitó un debate polémico en el sector agrario ecológico poniendo en tela de juicio la oportunidad y legalidad de esta normativa.

Con la aprobación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se establecieron las normas generales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación del Fondo en la financiación de una serie de medidas, instrumentadas mediante los programas de desarrollo rural de cada Estado miembro. En el artículo 4.1 del Título I se incluye como objetivo aumentar la competitividad del sector agrario mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación. Asimismo, en el Título IV se incluye como meta a conseguir el aumento del valor añadido de los productos agrarios.

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, principal instrumento de aplicación de la política ambiental en la región, integra principios estratégicos esenciales y actuaciones en función de las prioridades objetivas del conjunto de la sociedad.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha elaborado el Plan Andaluz de Agricultura Ecológica para el período 2007-2013, documento cuyo borrador puede consultarse en la web de este departamento. En el anterior Plan 2002-2006 se describía la situación del sistema de control y certificación existente entonces en Andalucía, con la presencia de tres actividades certificadoras privadas operando en el año 2002. Posteriormente, mediante el Decreto 268/2003 se crea el registro de entidades de inspección y certificación, incluyendo la actividad agraria ecológica.

El Decreto 204/2004 de 11 de mayo, estableció una nueva estructura orgánica para la Consejería de Agricultura y Pesca en la que la mayor parte de las competencias sobre este sector pasan a depender de la Dirección General de Agricultura Ecológica, que además debe emitir informe preceptivo favorable para que la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, responsable del Registro de entidades de inspección y certificación, pueda autorizar a las distintas certificadoras. En este sentido, la Dirección General de Agricultura Ecológica tiene atribuidas, entre otras funciones, el apoyo a los sectores de agricultura y ganadería ecológicas, la ordenación de la disponibilidad y adecuación de los medios específicos de producción, la estructuración del sector, la promoción de la elaboración y transformación de los productos ecológicos, así como el conocimiento y la divulgación de la información relativa a este sector.



José Luis Ares Cea (conferenciante)