La crisis de precios del sector lácteo también está presente en Francia y otros países europeos, que buscan la aprobación de medidas urgentes para evitar su agravamiento. No obstante, existen versiones contrapuestas sobre el alcance del acuerdo real alcanzado en Francia en el sector lácteo.
Por una parte, algunos agentes del sector lácteo francés han señalado que se ha acordado un incremento del precio de la leche de vaca de 0,04 euros por kilogramo (hasta diciembre de 2015), mientras que otros han desmentido públicamente que se haya alcanzado un acuerdo de incremento fijo del precio o de precio mínimo para la leche. Así lo han señalado expresamente y de forma pública grandes industrias como Lactalis o Savencia (antigua Bongrain) o la propia federación de industrias lácteas francesa.
La versión oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) del Gobierno de España es que el acuerdo del sector lácteo francés pretende revalorizar la leche y los productos lácteos y no se trata de una medida del Gobierno de Francia. Es un acuerdo alcanzado entre los sindicatos, las empresas transformadoras y de distribución reunidos por el Ministro de Agricultura francés y que se ha presentado públicamente como un acuerdo del sector y en ningún momento como una medida propuesta por el Gobierno galo, que únicamente se ha limitado a pedir responsabilidad a todos los integrantes de la cadena e incluso a los consumidores, para sacar al sector del bache en el que se encuentra.
A lo que sí se ha comprometido el Gobierno francés es a vigilar el cumplimiento del acuerdo mediante el seguimiento del mismo por un mediador, que carece de competencias para obligar a los operadores a actuar contra su voluntad para ponerse de acuerdo en relación con sus propuestas y particularmente respecto a la aplicación de un precio concreto fijado de antemano. Asimismo, el mediador ha señalado que la revalorización de los precios que se acuerde entre los agentes del sector, solo puede ser el resultado del compromiso individual y personal de cada uno de los actores. La doctrina de los órganos de la competencia establece que, por su propia naturaleza, un acuerdo de fijación precios mínimos con el objetivo de hacerlo obligatorio para todos los agentes económicos que participan en los mercados, restringe el libre juego de la competencia en estos mercados, limitando artificialmente el margen de negociación comercial de las partes y falseando la formación de los precios, lo que impide a los Estados miembros intervenir directa o indirectamente sobre los precios.
Dadas las dudas existentes respecto a la legalidad del acuerdo francés, se han trasladado consultas oficialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Comisión Europea, para que valoren su alcance, incluyendo tanto los aspectos relativos a la valorización del producto, por si pudiese encubrir un acuerdo de precios dadas las declaraciones de algunos dirigentes sindicales, como, particularmente, en relación con la reserva de mercado para los productos de origen francés, por se contraria al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A este respecto, la CNMC ya ha remitido su respuesta al Ministerio de Agricultura, indicando que cualquier acuerdo de fijación de precios vulnera la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el citado artículo 101 del TFUE.
Más información: gprensa@magrama.es
José Luis Ares Cea (docente)
Por una parte, algunos agentes del sector lácteo francés han señalado que se ha acordado un incremento del precio de la leche de vaca de 0,04 euros por kilogramo (hasta diciembre de 2015), mientras que otros han desmentido públicamente que se haya alcanzado un acuerdo de incremento fijo del precio o de precio mínimo para la leche. Así lo han señalado expresamente y de forma pública grandes industrias como Lactalis o Savencia (antigua Bongrain) o la propia federación de industrias lácteas francesa.
La versión oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) del Gobierno de España es que el acuerdo del sector lácteo francés pretende revalorizar la leche y los productos lácteos y no se trata de una medida del Gobierno de Francia. Es un acuerdo alcanzado entre los sindicatos, las empresas transformadoras y de distribución reunidos por el Ministro de Agricultura francés y que se ha presentado públicamente como un acuerdo del sector y en ningún momento como una medida propuesta por el Gobierno galo, que únicamente se ha limitado a pedir responsabilidad a todos los integrantes de la cadena e incluso a los consumidores, para sacar al sector del bache en el que se encuentra.
A lo que sí se ha comprometido el Gobierno francés es a vigilar el cumplimiento del acuerdo mediante el seguimiento del mismo por un mediador, que carece de competencias para obligar a los operadores a actuar contra su voluntad para ponerse de acuerdo en relación con sus propuestas y particularmente respecto a la aplicación de un precio concreto fijado de antemano. Asimismo, el mediador ha señalado que la revalorización de los precios que se acuerde entre los agentes del sector, solo puede ser el resultado del compromiso individual y personal de cada uno de los actores. La doctrina de los órganos de la competencia establece que, por su propia naturaleza, un acuerdo de fijación precios mínimos con el objetivo de hacerlo obligatorio para todos los agentes económicos que participan en los mercados, restringe el libre juego de la competencia en estos mercados, limitando artificialmente el margen de negociación comercial de las partes y falseando la formación de los precios, lo que impide a los Estados miembros intervenir directa o indirectamente sobre los precios.
Dadas las dudas existentes respecto a la legalidad del acuerdo francés, se han trasladado consultas oficialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Comisión Europea, para que valoren su alcance, incluyendo tanto los aspectos relativos a la valorización del producto, por si pudiese encubrir un acuerdo de precios dadas las declaraciones de algunos dirigentes sindicales, como, particularmente, en relación con la reserva de mercado para los productos de origen francés, por se contraria al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A este respecto, la CNMC ya ha remitido su respuesta al Ministerio de Agricultura, indicando que cualquier acuerdo de fijación de precios vulnera la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el citado artículo 101 del TFUE.
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José Luis Ares Cea (docente)
